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Psicología UNLP manifestó su preocupación ante las modificaciones en la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social
Ante la Resolución 1736/18 dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que determina cambios que afectan a los Equipos de Orientación Escolar del ámbito educativo provincial, esta Unidad Académica, junto a la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP y las Facultades de Trabajo Social y de Humanidades y Ciencias de la Educación de esa misma Casa de Altos Estudios, emitió un comunicado que ponen al alcance de la comunidad en general.
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) manifestó su preocupación ante la Resolución 1736/18 dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que introduce modificaciones en la política de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social en el ámbito educativo provincial. Este documento elaborado conjuntamente con la Prosecretaría de Derechos Humanos de Presidencia UNLP y las Facultades de Trabajo Social y de Humanidades y Ciencias de la Educación pertenecientes a esa misma Casa de Altos Estudios, fue abordado en el Consejo Directivo de esta Unidad Académica y se comparte para su conocimiento con la comunidad en general, dado los cambios que afectan a los Equipos de Orientación Escolar.  

 

 

COMUNICACION ANTE LA RESOLUCION 1736/18 DE LA MODALIDAD DE PS y PC 

La Prosecretaría de Derechos Humanos junto a las Facultades de Psicología, Trabajo Social y Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, manifestamos la preocupación institucional ante las modificaciones que la Resolución 1736/18 introduce en la política que desarrolla la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social en el ámbito educativo provincial.

Fundamos esta posición como docentes e investigadores/as de unidades académicas, formadores de profesionales que luego se desempeñan en los Equipos de Orientación Escolar, en tanto espacios socio-ocupacionales estratégicos y sumamente relevantes para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Entendemos necesario fortalecer políticas y prácticas socio-profesionales y educativas que efectivicen el derecho social a la educación, en los términos que plantean las Leyes Nacional y Provincial de Educación. En ese sentido, aún cuando la DGCyE plantea que el objetivo de la mencionada Resolución es “(…) mejorar la distribución de los equipos en función de poder atender a más estudiantes, optimizar el diagnóstico de las necesidades pedagógicas para lograr mayor asistencia, profundizar un enfoque preventivo y disponer la reasignación inmediata de los más de 200 equipos de excedencia, para garantizar la equidad de la atención de los alumnos de los diferentes niveles,” preocupa que tal propósito se logre reubicando los miembros de los Equipos de Orientación Escolar de Planta a Equipos de Distrito, contrariando lo establecido por el artículo 43 inciso g) de la Ley de Educación Provincial que prevé la conformación de los mismos en cada establecimiento educativo.

Asimismo, podríamos coincidir en las consideraciones vertidas en la Resolución respecto de que “la organización actual de los equipos no responde necesariamente a las necesidades específicas y de la época en los diferentes niveles, volviendo poco equitativa la cobertura,” y que “en el nivel de educación inicial, resulta prioritario contar con profesionales que puedan acompañar el desarrollo de nuestros niños desde el inicio de su trayectoria escolar” comprendiendo que “la primera infancia resulta vital como período sensible del desarrollo.” Sin embargo, frente a esas necesidades y desde una perspectiva de derechos, la respuesta no puede quedar sólo en el plano organizativo asegurando equidad en la distribución de los recursos existentes, sino que demanda una mayor inversión pública para dotar de un equipo por institución, además de dar continuidad al trabajo de los Equipos de Distrito existentes. De igual modo, la preeminencia dada a la focalización de intervenciones de los Equipos en el nivel inicial no debiera ir en detrimento del trabajo a realizar en los restantes niveles y modalidades.

Por último, interesa reafirmar, desde el campo académico, la complejidad de las problemáticas sociales que afectan la vida cotidiana de miles de niños, niñas y jóvenes, que se expresan en su escolarización, demandando intervenciones interdisciplinarias lúcidas, situadas, e integrales, sustentadas por una sólida formación profesional. Esas intervenciones requieren a su vez estar referenciadas en un marco institucional y en una trama vincular entre los Equipos, la escuela, las familias y las comunidades; lo cual no se garantizaría si anualmente se redefinen los espacios de actuación de los equipos, afectando sus condiciones y trayectorias de trabajo. Por el contrario, ese escenario llevaría a desplegar prácticas que focalizan, fragmentan y deshistorizan los problemas y los abordajes, a la vez que deconstruyen los vínculos afectivos entre los sujetos.

Precisamente estas decisiones ponen en tensión las intervenciones sistemáticas, capaces de brindar un acompañamiento y orientación en las trayectorias pedagógicas. Y nos convocan como instituciones de Educación Superior, a tomar la palabra poniéndonos a disposición para contribuir -desde los diversos saberes disciplinares- a reflexionar en torno de cómo construir colectivamente condiciones que fortalezcan proyectos institucionales inclusivos y democráticos, contrarrestando las desigualdades existentes y garantizando la educación como derecho.

 
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